El Proceso de la Justicia Penal

Admisión

La división penal del Tribunal Superior gestiona las demandas penales desde su emisión hasta su resolución o disposición. Al acusado se le imputa un delito cuando un agente del orden público expide una denuncia formal o la querella de un ciudadano que cree que se ha cometido un delito contra su persona o sus bienes. Un caso penal también puede ser el resultado de una acusación formal por parte de un panel de ciudadanos llamado un gran jurado que se convoca para considerar los medios de prueba. Los arrestos pueden efectuarse en el lugar de los hechos o basados en órdenes de arresto o declaraciones juradas que ordenan una comparecencia ante un tribunal. Todos los arrestos deben estar basados en motivos fundados, lo cual quiere decir que hay una base razonable para creer que se ha cometido un delito y que es posible que el acusado lo haya cometido.

Las demandas expresan los motivos para el cargo, y aluden a los delitos enumerados en el Código de Justicia Penal de New Jersey (Título 2C). Las transgresiones penales se ven o se consideran en el Tribunal Superior y son más graves que los cargos no delictivos que se ven en los juzgados del municipio donde se cometió la infracción. Los acusados a los que se les halla culpables o que son condenados de delitos enfrentan consecuencias más graves, con castigos que van desde libertad a prueba bajo supervisión y multas hasta la pérdida de la libertad por encarcelamiento durante un año o más. Los delitos son clasificados por grados. Los grados van del primero al cuarto. Un delito de primer grado conlleva una pena potencial de entre 10 y 20 años de prisión. Un delito de segundo grado conlleva una pena potencial de entre 5 y 10 años. Los acusados que son condenados por delitos de primer y segundo grado enfrentan un plazo presunto de encarcelamiento. Se presume que serán sentenciados a cumplir tiempo en la prisión. Si un acusado es condenado de un delito de tercer grado puede recibir una pena de entre 3 y 5 años, mientras que por delitos de cuarto grado la pena potencial es de hasta 18 meses en la cárcel. Para los delitos de tercer y cuarto grado existe la presunción de penas que no conlleven encarcelamiento. Las denuncias que se ven en los juzgados municipales son las de alteraciones del orden público o infracciones menores de alteración del orden público, que conllevan castigos menos restrictivos cuando una persona es condenada. Las alteraciones del orden público pueden resultar en penas de hasta 6 meses de encarcelamiento y por las alteraciones menores se pueden dar hasta 30 días en la cárcel.

La primera comparecencia y la imposición de condiciones de libertad provisional antes del juicio

Una vez que se expide una denuncia, al acusado se le arresta por una orden judicial o se le da una citación para que comparezca en el juzgado municipal o en el tribunal superior para su primera comparecencia, que es la primera vez que el acusado va ante un juez. Como parte de la reforma de la justicia penal implementada el 1 de enero de 2017, la primera comparecencia de los acusados arrestados por una denuncia y orden judicial tiene que llevarse a cabo dentro de las 48 horas de haberse remitido al acusado a la cárcel del condado. Durante la primera comparecencia, un juez le fijará condiciones de libertad provisional a los acusados elegibles, ordenará la detención preventiva en algunos casos o fijará una fianza. Si el acusado no se presenta a su primera comparecencia, el juez puede emitir una orden para su arresto.

La Fianza

Otro aspecto de las reformas de la justicia penal, en la lay implementada el 1 de enero de 2017, es que la fianza se aplica a un número muy limitado de casos. Los acusados que fueron arrestados antes del 1 de enero de 2017 todavía tienen el derecho constitucional a una fianza. Si depositan una fianza, a los acusados se les pone en libertad hasta que se resuelvan los cargos enumerados en la demanda. A los acusados se les puede requerir que depositen fondos o bienes para asegurar que comparecerán ante el juez en el futuro. Puede que se les requiera que depositen fondos o bienes a cambio de una promesa de comparecencia. Si los acusados tienen fuertes lazos en la comunidad, o no tienen antecedentes penales, puede que se considere ponerlos en libertad bajo palabra (ROR), que es una declaración jurada en la que certifican que tienen conocimiento de los cargos presentados en su contra y que comparecerán ante el juez para encararlos. Puede que a los acusados también se les requiera que depositen una garantía personal, la cual es una promesa de comparecer o encarar un fallo mediante el cual perderán una cantidad determinada de dinero. Algunos acusados le pagan a un fiador para que deposite los fondos en su nombre. A estos acusados puede que se les ordene que depositen una fianza más alta o que no se les fije una fianza, en cuyo caso permanecerán en la cárcel hasta que se resuelvan los cargos. Si se les pone en libertad y comparecen ante el juez según se requiera, puede que se les devuelva todo el dinero de la fianza una vez que el caso se haya resuelto o se termine. Una vez que los acusados son puestos en libertad, se le liquida la fianza al garante.

Cuando se fija una fianza, un juez del tribunal superior en la división penal puede ordenar que se hagan investigaciones sobre la fianza. Los investigadores de fianza de la división penal recopilan información sobre los lazos del acusado y su posición en la comunidad, además de sus nombres, direcciones, fechas de nacimiento, empleo, antecedentes penales, salud mental e historial de consumo de drogas. También investigan e informan sobre la buena voluntad del acusado hacia la fianza. Los informes de los investigadores de fianzas consideran la gravedad del delito y la severidad del castigo en caso de una condena, así como los lazos familiares y la situación financiera del acusado. Todos estos factores se consideran tomando en cuenta la probabilidad de que el acusado comparezca para el juicio o para otros actos judiciales. Los investigadores de fianzas rinden cuenta al juez, el cual verá las pruebas presentadas por la defensa y por la fiscalía y decidirá si ha de fijar una fianza y la cantidad y el tipo de fianza.

El derecho a un abogado

En la primera comparecencia, a los acusados se les informa sobre su derecho a un abogado. Esto quiere decir que tienen derecho a tener un abogado que les represente y conteste los cargos presentados en su contra. Si los acusados indican que no pueden costearse un abogado, se le encarga al personal de la división penal que lleve a cabo una investigación de indigencia. Estas investigaciones toman en cuenta los activos y pasivos de la persona acusada y el resultado puede ser que se recomiende que se le asigne un abogado de oficio si ella no puede costearse un abogado particular. Los abogados privados generalmente son autónomos o trabajan para un bufete de abogados privados que cobra una cuota por hora por sus servicios. Al hacer determinaciones sobre la indigencia, el personal revisa las declaraciones de impuestos de la persona acusada, sus informes de crédito y sus ingresos y cualquier otra información pertinente sobre la capacidad del acusado para contratar su propio abogado. Si se determina que un acusado es indigente, se le asigna un abogado de oficio o se contrata uno para que se encargue del caso hasta que se resuelva. Si la investigación revela que tiene activos o determina que el acusado tiene medios para pagar un abogado, puede que se le niegue la petición. Un juez de la división penal puede tomar la decisión final de ordenarle a un acusado que contrate a un abogado, de permitirle que se represente a sí mismo (pro se), u ordenarle que consulte con un abogado que pueda tomar su caso a un costo reducido.

Las actividades antes de la acusación formal

Después de la presentación de una acusación y de la primera comparecencia, la fiscalía de cada condado determina si ha de proseguir con el caso. Los fiscales determinan si los casos tienen mérito y si hay pruebas suficientes para tratar de lograr una condena. En la mayoría de los condados, la unidad de revisiones de casos de la fiscalía revisa los informes policiales y entrevista a las víctimas y testigos para determinar si los cargos originales han de procesarse. Si no hay pruebas suficientes, los cargos son rebajados a alteraciones del orden público o se remiten al juzgado municipal para una audiencia o su desestimación.

Evaluaciones de abuso de sustancias

Según estimados estatales y federales, hasta un 70% de todas las personas acusadas de una transgresión penal estaban incapacitadas por las drogas durante la comisión del delito. Los evaluadores del abuso de sustancias entrevistan a los acusados de delitos relacionados con drogas y agravios a la propiedad para determinar el alcance de su implicación con las drogas. Los evaluadores profesionales trabajan en los servicios de evaluación de tratamiento de la división penal para los tribunales (TASC) y entrevistan a los acusados, los someten a análisis de orina para detectar el uso reciente de drogas, y preparan informes de evaluación del uso de drogas para los jueces penales. En los informes se presentan historiales detallados del abuso de drogas, se identifican las necesidades de tratamiento y, cuando se necesita apoyo para superar la adicción, se recomienda un asesoramiento en centros locales para el tratamiento contra las drogas y el alcohol. Los jueces pueden ordenar que los acusados reciban tratamiento como una condición de su libertad antes del juicio o de la libertad a prueba. Este programa de evaluación es útil para los jueces a la hora de determinar los sistemas de apoyo comunitario apropiados para los acusados que se ponen en libertad y salen de la cárcel. Si no completaran el tratamiento, el resultado puede ser sanciones, incluida la revocación de la libertad a prueba, lo que significa la pérdida de la libertad. Para algunos acusados que padecen de adicciones severas a las drogas, la alternativa de recibir un tratamiento dispuesto y ordenado por los jueces no es solo una elección entre la cárcel y la vida en la comunidad, sino entre la vida y la muerte.

Los convenios declaratorios

En muchos casos, el fiscal y el abogado del acusado negociarán un convenio declaratorio. En un acuerdo declaratorio, el fiscal puede ofrecerle al acusado un arreglo con un plazo de encarcelamiento reducido o la libertad a prueba a cambio de una declaración de culpabilidad. En algunos casos, se rebajan o se desestiman los cargos como parte del convenio declaratorio. Los períodos máximos de pena también podrían ser parte de los acuerdos negociados. Los equipos de un juez individual de la División Penal, dirigidos por líderes de equipo, coordinan con el fiscal y el abogado defensor las fechas para las comparecencias relacionadas con el convenio declaratorio y fijan la fecha en que se hará constar en actas la admisión de culpabilidad de la persona acusada. Los acusados que se declaran culpables deben firmar una declaración en la que certifican que entienden el convenio y que celebran el acuerdo voluntariamente y sin presión ni de parte del fiscal ni de su propio abogado. También reconocen que los jueces de la División Penal no están obligados por el acuerdo cuando decidan e impongan la pena. Si un juez percibe que el convenio declaratorio es muy poco severo, puede rechazarlo y ordenarles a las partes, tanto acusadoras como de la defensa que sigan negociando, o puede ordenar que se fije una fecha para el juicio. A los acusados que se declaran culpables de delitos se les tiene que hacer una investigación precondenatoria, las cuales las lleva a cabo un agente de libertad a prueba de la División Penal.

La División de Práctica Penal de la Oficina Administrativa de los Tribunales monitorea todos los casos penales en todos los condados desde que se emite la denuncia hasta que los casos se resuelven para crear informes estadísticos y monitorear los casos pendientes.

Programa de Intervención antes del Juicio (PTI)

Los agentes de libertad a prueba de la División Penal llevan a cabo las investigaciones sobre los acusados adultos que solicitan el programa de Intervención antes del Juicio. Este programa les permite a ciertos acusados desviarse del procesamiento y condena formal si pasan un período de tiempo viviendo en la comunidad bajo la supervisión del tribunal que a menudo incluye asesoramiento u otro apoyo. Los gerentes de la División Penal son los que dirigen este programa. Los agentes de libertad a prueba investigan los antecedentes de todos los solicitantes para asegurar que reúnan las condiciones necesarias. Sus informes ayudan al Gerente de la División Penal y al fiscal a decidir si recomendarán la aprobación, y también ayudan a los jueces penales a determinar si los acusados serán admitidos. Los acusados que optan por este programa presentan sus solicitudes directamente en la oficina apropiada del gerente de la división penal. La admisión al programa PTI requiere la autorización del fiscal, del gerente de la división penal y del juez.

Los acusados de delitos violentos por lo general no son admitidos. Los que están en libertad a prueba y en libertad preparatoria tras cumplir una condena quedan excluidos generalmente ya que tienen antecedentes penales. Las personas acusadas de crimen organizado generalmente no son aceptadas y tampoco lo son los funcionarios públicos acusados de abusar de sus puestos para ganancia personal en contra del bien común. Antes de que un acusado de delitos de primer o de segundo grado ni siquiera sea considerado para el programa PTI, hay que consultar con los fiscales.

El objetivo del programa PTI es brindarles un incentivo para su rehabilitación a los delincuentes sin antecedentes penales acusados de delitos no violentos. Las condiciones unidas a las órdenes judiciales para el PTI pueden requerir que los acusados se sometan a una evaluación del abuso de sustancias realizada por TASC, que participen en asesoramiento sobre el abuso de sustancias o sobre su salud mental o en el servicio a la comunidad, o que se sometan a análisis de orina, paguen restitución y multas, o que entreguen un arma de fuego o la licencia de conducir. A los participantes se les suspenden formalmente los cargos penales hasta por tres años. Una vez que el participante completa el programa, se le desestiman los cargos. Sin embargo, si los acusados no cumplen con las condiciones especiales unidas a su plazo de supervisión durante la intervención antes del juicio (PTI), se les puede poner fin a su participación en el programa, lo cual provoca la reanudación del proceso penal. Los acusados pueden enfrentar una acusación formal de un gran jurado y un juicio, y si son condenados, pueden enfrentar las penalidades prescritas por el Código Penal. La Oficina Administrativa de los Tribunales mantiene un registro computarizado de todos los solicitantes del PTI para asegurar que no se acepte a una persona en el PTI más de una vez.

Para obtener más información, comuníquese con su División Penal del Tribunal Superior local.

El gran jurado y el proceso de la acusación formal

Si a una causa penal no se le ha reducido la categoría, no se ha transferido ni se ha desestimado, el fiscal presentará el caso ante un jurado indagatorio, llamado gran jurado, para tratar de obtener una acusación formal. El jurado indagatorio está compuesto de un grupo de ciudadanos, seleccionados de las listas de votantes inscritos, de poseedores de una licencia para conducir y de los contribuyentes. Servir como jurado es un deber cívico. El gran jurado considera los medios de prueba que el fiscal del condado presenta y determina si hay suficiente evidencia para acusar formalmente a los acusados y requerirles que contesten los cargos. Una acusación formal no es una determinación de culpabilidad. Ni los acusados ni sus abogados están presentes. Generalmente hay testigos que declaran sobre el delito. Después de considerar la evidencia de la fiscalía, si una mayoría de los 23 jurados vota a favor de acusar, el acusado tiene que enfrentar más procedimientos penales. Esta determinación es una acusación que desencadena otros procedimientos en la División Penal del Tribunal Superior. Si la mayoría concluye que la evidencia es insuficiente para una acusación formal, el jurado indagatorio no emite una acusación formal y los cargos son desestimados. Sin embargo, el jurado puede decidir imputarle a un acusado un delito menos grave, rebajar los cargos o remitirlos al juzgado municipal. El acusado tiene que comparecer entonces ante el juez municipal para enfrentar algún cargo de alteración al orden público o de una alteración menor al orden público.

La Instrucción de Cargos

La instrucción de cargos es el aviso formal de los cargos en contra de un acusado. La instrucción de cargos ocurre dentro de los 14 días de haberse emitido la acusación formal. Al recibir la notificación de la División Penal, el acusado tiene que comparecer ante un juez para la instrucción de cargos. Los acusados pueden optar por solicitar un abogado de oficio para que los represente en ese momento si todavía no tienen representación. Antes de esta conferencia, la proposición de pruebas o la evidencia está a la disposición del abogado defensor. Este intercambio de evidencia le brinda a la defensa la oportunidad de revisar antes de la conferencia la evidencia que la fiscalía se propone usar contra el acusado. Después de revisar las pruebas que se provean antes de la instrucción de cargos, el acusado puede decidir si desea solicitar la Intervención antes del Juicio (PTI), o entrar en negociaciones para un convenio declaratorio. Los acusados también pueden dar a conocer su intención de admitir su culpabilidad a los cargos de los que se les acusa. Si un acusado admite su culpabilidad durante el acto formal de instrucción de cargos, los jueces de la división penal ordenan a los agentes de libertad a prueba que lleven a cabo una investigación precondenatoria. La imposición de la pena viene después de la investigación precondenatoria, por lo general de cuatro a seis semanas después de los fallos condenatorios.

Disposiciones/Conferencias sobre el estado del caso y Conferencias antes del Juicio

Los acusados que hasta este momento se han declarado no culpables pueden continuar las negociaciones para un convenio declaratorio o la preparación para el juicio. La resolución del caso antes del juicio puede hacerse durante una conferencia de disposición/estado del caso, en la que el acusado puede decidir declararse culpable según los términos de un convenio declaratorio o sin negociar un convenio.

Durante la conferencia antes del juicio, los acusados se pueden declarar culpables de los cargos. Se establece una fecha límite para las negociaciones con vistas a una admisión de culpabilidad, después de la cual no tendrán lugar más negociaciones. Si no se llega a un acuerdo para la declaración de culpabilidad, el caso proseguirá a juicio. El personal de la división penal monitorea las conferencias para asegurar que los casos están avanzando sin retrasos innecesarios.

La División de Práctica Penal de la Oficina Administrativa de los Tribunales evalúa las estadísticas registradas por el personal de cada tribunal penal para monitorear el progreso general de los casos a nivel estatal. También ayuda al personal local del tribunal a solucionar el atraso de los casos, si lo hubiera.

Los juicios

A partir del 1 de enero de 2017, las leyes de la Reforma de la Justicia Penal requieren ciertas fechas límite para los juicios sin demora. Los acusados tienen el derecho constitucional a un juicio ante un jurado, pero pueden optar por renunciar a este derecho a favor de un juicio ante un juez de la División Penal del Tribunal Superior. Una vez celebrado el juicio hay dos resultados posibles. Un juez o un jurado determina que los acusados son culpables o no culpables. Generalmente, una persona que ha sido absuelta no tiene más obligación para con el tribunal a menos que enfrente cargos nuevos. Los fiscales no tienen derecho a apelar las absoluciones y a los acusados no se les puede acusar dos veces del mismo delito. Los acusados contra quienes hay un fallo condenatorio encaran el dictado de la pena, donde el juez que llevó a cabo el juicio impone los castigos. Una vez que un juicio concluye, el juez penal ordena que la división penal efectúe una investigación precondenatoria de cada acusado que ha sido condenado. Los jueces también fijan la fecha para el dictado de pena.

Los informes sobre la Investigación Precondenatoria y la Imposición de la Pena

Los agentes de libertad a prueba de la división penal preparan los informes sobre la investigación precondenatoria (PSIs) para los jueces penales que les imponen las penas a todos los acusados que han sido condenados. El informe de la investigación precondenatoria se ha concebido para ayudar al juez a sopesar las circunstancias del delito y los antecedentes penales del acusado que incluye fallos condenatorios cuando era menor, así como la situación general de su vida, con la severidad de la pena. El informe de la investigación precondenatoria proporciona una evaluación uniforme sobre el historial general familiar, médico y penal del acusado. Se hace un resumen tanto de las circunstancias del delito como de las declaraciones recibidas de las víctimas y sus familias. Se tratan las evaluaciones sobre el historial de abuso de drogas y la disposición del acusado para acatar las condiciones de la supervisión de la libertad a prueba y el tratamiento. Se toma en consideración la situación económica de los acusados ya que la mayoría de las sentencias suponen multas, penalidades o restitución a la víctima. También se trata el tema de la situación del acusado y su aptitud para la libertad a prueba. Por lo general, los informes recomiendan o bien prisión o libertad a prueba. Los jueces no están obligados a seguir el consejo del agente de libertad a prueba en el informe, pero su percepción es esencial para el proceso penal de imposición de la pena.

Los jueces toman en consideración el grado del daño y las dificultades causadas a las víctimas y sus familias. Los factores atenuantes o las razones que explican el delito tomando en cuenta el pasado del acusado y las circunstancias presentes, se comparan contra los factores agravantes, que son los elementos que manifiestan la severidad del delito. Los antecedentes penales tienen mucha influencia. Son un indicador del potencial del acusado para rehabilitarse, basado en sus antecedentes, así como del riesgo que existe de que cometa otro delito si se ordena la libertad a prueba.

En la mayoría de los casos, los jueces sentenciadores tienen cierta discreción u opciones dentro de los parámetros del Código Penal sobre cómo sentenciar a los acusados condenados. Este poder discrecional puede ampliarse a si un acusado debe cumplir tiempo en la prisión o un plazo de libertad a prueba. Por supuesto, la discreción del juez puede ser limitada si hay un convenio declaratorio que contenga una sentencia recomendada. Algunos delitos, tales como las condenas por el uso de un arma durante un robo, conllevan plazos de prisión obligatorios. El juez tiene que imponerle al acusado por lo menos un plazo mínimo en la prisión.

Peticiones posteriores a la condena

Los acusados condenados de delitos pueden apelar sus casos ante la División de Apelaciones del Tribunal Superior, la cual revisa las actas del juicio y decide si las decisiones de los jueces en el Tribunal Superior fueron justas y equitativas. Los acusados pueden presentar peticiones o solicitudes a su juez sentenciador para que las penas impuestas se modifiquen o para lograr otro remedio judicial.

Los equipos de la División Penal en el Tramitación de los Casos

Las oficinas de la División Penal están organizadas en “equipos”. Hay equipos de un juez individual en los que se asigna a cada juez penal como líder de un equipo integrado por personal administrativo, una actuaria, un grupo de agentes de libertad a prueba, e investigadores, todos los cuales trabajan en los casos que verá el juez de primera instancia del equipo. Cada equipo lleva a cabo gestiones de agenda y programación de todos los actos judiciales para ese juez en particular. El equipo también prepara los informes de intervención antes del juicio y los informes de investigación precondenatoria para el juez y en la sala del tribunal provee apoyo y entrada de datos en la computadora, gestiona los expedientes y registros activos del tribunal, y coordina las fechas de comparecencia ante el juez con los fiscales y los abogados de oficio que también se le han asignados al juez. Los miembros del equipo trabajan al unísono y generalmente un miembro puede realizar el trabajo de otros miembros dentro de ese equipo. Su familiaridad con el trabajo de todos y cada uno y de su juez aumenta la eficiencia y la circulación general de los casos.

The Criminal Justice Process

Intake

The criminal division of the Superior Court manages criminal complaints from the time they are issued to their resolution or disposition. The defendant is charged with an offense as a result of a formal complaint issued by a law enforcement agent or a citizen who believes that an offense has been committed against their person or property. A criminal case also can result from an indictment by a panel of citizens called grand jury, who are gathered to consider evidence. Arrests can occur at the scene of a crime or based on warrants or sworn statements ordering a court appearance. All arrests must be based on probable cause, which means there are reasonable grounds to believe that an offense has been committed and that the defendant may have committed the offense.

Complaints state the reasons for the charge, and refer to offenses listed in the New Jersey Code of Criminal Justice (Title 2C). Criminal offenses are heard or considered in the Superior Court and are more serious than non-criminal charges heard in municipal courts where the offense occurred. Defendants found guilty or convicted of crimes face more serious consequences, with punishment ranging from probation supervision and fines to the loss of liberty through confinement for a year or more. Crimes are classified by degree. Degrees range from first to fourth. A first degree crime carries the potential penalty of 10-20 years in prison. A second degree crime carries the potential penalty of 5-10 years. Defendants who are convicted of first and second degree crimes face a presumptive term of incarceration. It is assumed that they will be sentenced to serve time in prison. A third degree crime may result in 3-5 years if convicted, while fourth degree crimes carry a potential penalty of up to 18 months in jail. There is a presumption of non-custodial sentenced for third and fourth degree offenses. Complaints heard in municipal courts are disorderly persons offenses or petty disorderly persons offenses, which carry less restrictive punishment upon conviction. Disorderly persons offense may result in up to 6 months in jail. Petty disorderly persons offenses may render up to 30 days in jail.

First Appearance and Setting Conditions of Pretrial Release

Once a complaint is issued, a defendant is either arrested on a warrant or issued a summons to appear in municipal court or Superior Court on a first appearance, which is the defendant’s first appearance before a judge. As part of the criminal justice reforms implemented on January 1, 2017, the first appearance for defendants arrested on a complaint-warrant must occur within 48 hours of the defendant’s commitment to the county jail. During the first appearance, a judge will set conditions of pretrial release for eligible defendants, order pretrial detention in certain cases or set a bail. If the defendant fails to appear for the first appearance, a warrant may be issued for his or her arrest by a judge.

Bail

Another aspect of criminal justice reforms implemented on January 1, 2017, is that bail is applicable in a very limited number of cases. Defendants who were arrested prior to January 1, 2017 still have a constitutional right to bail. If bail is posted, defendants are released until the charges listed in the complaint are resolved. Defendants can be required to post funds or property to assure that they will appear in court in the future. They may be required to deposit funds or property in exchange for a promise to appear. If defendants have significant ties to the community, or no criminal history, they may be considered for a Release on Own Recognizance (ROR), which is an affidavit certifying that they are aware of the charges levied against them and will appear in court to face them. Defendants also might be required to give a personal bond, which is a promise to appear or face a judgment, whereby a specified amount of money is forfeited. Some defendants pay a bail bondsman to post funds on their behalf. These defendants may be ordered to post a higher bail, or have no bail set. They will remain in jail until the charges are disposed. If they are released and appear in court as required, bail money may be refunded in full upon the case resolution or disposition. Once defendants are released, bail is discharged to the surety.

When a bail is set, bail investigations may be ordered by a Superior Court judge in the criminal division. Criminal division bail investigators collect information on the defendant's ties and standing in the community in addition to the names, addresses, dates of birth, employment, criminal record, mental health and drug abuse history. They also investigate and report on a defendant's amenability to bail. Bail investigation reports consider the seriousness of the offense and the severity of punishment upon conviction as well as the defendant's family ties and financial status. All of these factors are considered in light of the probability that the defendant will appear for trial or other court events. Bail investigators report to the judge, who hears evidence from the defense and prosecution and decides the amount and form of bail to be set, if any.

Right To Counsel

At their first appearance, defendants also are advised of their right to counsel. This means that they are entitled to have an attorney represent them and answer the charges. If they indicate that they are unable to afford an attorney, criminal division staff are assigned to conduct indigence investigations. These investigations consider the defendant’s assets and liabilities and can result in a recommendation that cases be assigned to a public defender if a defendant is unable to afford a private attorney. Private attorneys are usually either self-employed or work for private law firms that charge an hourly rate for services. In making indigence determinations, staff review the defendant’s tax returns, credit and wage records and any other relevant information regarding the ability of defendants to hire their own attorney. If a defendant is determined indigent, a public defender or a pool attorney is assigned to handle the case until it is resolved. If the investigation reveals assets or it is determined that a defendant has some means to pay for an attorney, the application may be denied. A criminal division judge may make the final decision to order a defendant to hire an attorney, allow pro se (self) representation, or order a defendant to consult an attorney who may take their case at a reduced rate.

Pre-Indictment Events

Following the filing of a complaint and the first appearance, the prosecutor’s office in each county determines whether to pursue the case further. Prosecutors determine if cases have merit and sufficient evidence to pursue a conviction. In most counties, the prosecutor’s case screening unit reviews police reports and interviews victims and witnesses to determine if the original charges will be prosecuted. If there is insufficient evidence, the charges are downgraded to disorderly person offenses or remanded back to the municipal court for a hearing or dismissed.

Substance Abuse Evaluations

According to state and federal estimates, up to 70% of all persons charged with a criminal offense are impaired with drugs during the crime. Substance abuse evaluators interview defendants charged with drug and property offenses to determine the extent of their involvement with drugs. Working within the criminal division’s treatment assessment services for the courts (TASC), these professional evaluators interview defendants, subject them to urine screening to identify current drug use, and prepare drug assessment reports for criminal judges. The reports detail drug abuse histories, identify treatment needs and recommend counseling at local drug and alcohol treatment centers when support is needed to overcome the addiction. Judges may order defendants into drug or alcohol treatment as a condition of their pretrial release or probation. This program is helpful to judges when determining appropriate community support systems for defendants who are released from jail. Failure to complete treatment may result in sanctions, including probation revocation with a loss of liberty. For some defendants who suffer from severe drug addictions, receiving treatment arranged and mandated by the courts becomes not only a choice between jail and community living, but one of life and death.

Plea Bargains

In many cases, the prosecutor and a defendant’s attorney will negotiate a plea bargain. In a plea agreement, the prosecutor may offer the defendant an arrangement with a reduced term of incarceration or probation in exchange for a guilty plea. In some instances, the charges are downgraded or dismissed as part of the plea agreement. Maximum sentence terms also could be part of negotiated agreements. Criminal Division individual judge teams, managed by team leaders, coordinate court dates with the prosecutor and the defense attorney regarding the plea agreement and establish a court date for the plea to be entered on record. Defendants entering a plea must sign a statement certifying that they understand the plea and are entering into the agreement voluntarily and without pressure from the prosecution or their own attorney. They also acknowledge that the Criminal Division judges are not bound by the agreement when deciding and rendering sentences. If a judge perceives that the plea bargain is too lenient, the judge can reject the plea and order the prosecution and defense parties to renegotiate, or order the matter set down for trial. Defendants who plead guilty to crimes are subject to a presentence investigation, which is conducted by probation officers in the Criminal Division.

The Criminal Practice Division of the Administrative Office of the Courts tracks all criminal cases in all counties from the time a complaint is issued to its disposition in order to create statistical reports and monitor backlog.

Pretrial Intervention Program (PTI)

Criminal division probation officers conduct investigations on adult defendants who apply for Pretrial Intervention. This is a diversionary program that permits certain defendants to avoid formal prosecution and conviction by entering into a term of court supervised community living, often with counseling or other support. Criminal division managers direct this program. Probation officers conduct investigations into the history of all applicants to ensure their eligibility. Their reports aid the Criminal Division Manager and the prosecutor in deciding whether to recommend approval, and they also assist criminal judges in determining if defendants will be admitted. Defendants opting for this program apply directly to appropriate criminal division manager’s office. Admission to PTI requires the consent of the prosecutor, the criminal division manager and the judge.

Defendants charged with violent offenses generally are not admitted. Probationers and parolees also are generally excluded since they have prior convictions. Persons accused of racketeering or organized crime are generally not admitted as well as public officials who are accused of abusing their positions for personal gain against the public trust. Prosecutors must be consulted before an applicant charged with a first or second degree crime can even be considered for PTI.

The objective of PTI is to provide an incentive for first time non-violent offenders to rehabilitate. Conditions attached to judicial orders for PTI may require defendants to obtain a substance abuse evaluation from TASC, participate in substance abuse or mental health counseling or community service, or submit to urine testing, pay restitution and fines, or give up a firearm or a driver's license. Participants have criminal charges formally suspended for up to three years. Once a participant completes the program, charges are dismissed. However, if defendants fail to complete special conditions attached to their term of PTI supervision, they can be terminated from the program. The termination triggers resumption of the formal criminal process. Thoe defendants may face indictment and trial, and if convicted, face the penalties prescribed by the Criminal Code. The Administrative Office of the Courts maintains a computer registry of all PTI applicants to ensure that a person is not admitted into PTI more than once.

For more information, Contact Your Local Superior Court Criminal Division.

The Grand Jury and The Indictment Process

If a criminal case has not been downgraded, diverted or dismissed, the prosecutor will present the case to a grand jury for an indictment. The grand jury is composed of a group of citizens who have been selected from voter registrations, drivers’ licenses and tax lists. It is their civic duty to serve. The grand jury considers evidence presented by the county prosecutor and determines if there is sufficient evidence to formally charge defendants and require them to respond to the charge(s). An indictment is not a finding of guilt. Neither the defendants nor their attorneys are present. Witnesses normally testify regarding the crime. After considering the prosecutor’s evidence, if a majority of the 23 jurors vote to indict, the defendant must face further criminal proceedings. This finding is a true bill that triggers further proceedings in the Criminal Division of Superior Court. If a majority finds the evidence to be insufficient to indict, the grand jury enters a no bill and the charge(s) are dismissed. The jury may, however, decide to charge the defendant with a less serious offense, to be downgraded or remanded to the municipal court. The defendant must then appear in municipal court to face a disorderly persons or petty disorderly persons charge.

The Arraignment

An arraignment is the formal notification of the charges against the defendant. The arraignment occurs within 14 days if the indictment. Upon notification by the criminal division, the defendant must appear before a judge for the arraignment. Defendants may wish to apply for public defender representation at this point if they are not yet represented. Prior to this conference, discovery or evidence is available to defense counsel. This exchange of evidence provides the defense with an opportunity to review the evidence the prosecution intends to use against the defendant prior to the conference. After reviewing the discovery provided prior to the arraignment, the defendant may decide to apply for Pretrial Intervention (PTI), or to enter plea bargain negotiations. Defendants also may indicate their intention to plead guilty to the charge for which they were indicted. If a guilty plea is entered at the formal arraignment, criminal division judges order a presentence investigation to be conducted by criminal division probation officers. Sentencing will follow the presentence investigation, generally four to six weeks after convictions.

Disposition/Status Conferences and the Pretrial Conference

Defendants who have pleaded not guilty at this point may continue plea negotiations or preparation for trial. Pretrial case resolutions may occur at a disposition/status conference, where a defendant may decide to enter a guilty plea with or without a negotiated plea bargain.

At the pretrial conference, defendants may enter a guilty plea to the charges. A plea cutoff date is set, after which no further plea negotiations can occur. If no agreement to plead guilty is reached, the matter will proceed to trial. Criminal division staff track conferences to ensure that cases are moving without undue delays.

The Criminal Practice Division at the Administrative Office of the Courts evaluates statistics entered by staff in each criminal court to monitor the overall case movements statewide. It also assists local court staff to address backlog if it should occur.

Trials

Starting on January 1, 2017, the Criminal Justice Reform laws required certain speedy trial deadlines. Defendants have a constitutional right to a jury trial, but may opt to forego this right in favor of a trial by a judge in the Criminal Division of the Superior Court. Once a case has been tried, there are two outcomes. Defendants are found either guilty or not guilty by a jury or judge. Normally, an acquitted person has no further obligation to the court unless they face new charges. Prosecutors have no right to appeal acquittals and defendants may not be charged twice for the same offense. Defendants who are found guilty or convicted face sentencing, where punishments are rendered by the judge who tried the case. Once a trial is concluded, the criminal judge orders a presentence investigation by the criminal division on all defendants who have been convicted. Judges also set a date for sentencing.

Presentence Investigation Reports and Sentencing

Criminal division probation officers prepare presentence investigation reports (PSIs) for criminal judges who render sentences on all convicted defendants. The presentence investigation report is designed to assist a judge in weighing the circumstances of the crime and a defendant's criminal and juvenile record and overall life situation to the severity of the sentence. The presentence investigation report provides a uniform assessment of a defendant's overall family, medical and criminal background. Offense circumstances are summarized, as are statements received from victims and their families. Assessments of drug abuse history and the amenability to probation supervision and treatment are addressed. Financial conditions of defendants are considered, since most sentences involve a fine, penalty or restitution to a victim. Assessments of the defendant’s situation and the suitability for probation also are discussed. Reports generally recommend either prison or probation. Judges are not bound by the probation officers’ advice in the report, but their insight is essential in the criminal sentencing process.

Judges consider the degree of harm and hardship imposed on victims and their families. Mitigating factors or reasons explaining the crime in the light of a defendant's past or present circumstances weigh against aggravating factors, which are elements that speak to the severity of the crime. Prior criminal record weighs heavily. It is an indicator of a defendant's potential for rehabilitation based on his past history as well as the risk posed for another crime if probation is ordered.

In most cases, sentencing judges have some discretion or choices on how they will sentence convicted defendants within the parameters of the Criminal Code. This discretion may extend to whether a defendant must serve time in prison or receive a term of probation. Of course, a judge's discretion may be limited if there is a plea agreement that contains a sentencing recommendation. Some crimes, such as convictions for using a gun during a robbery, carry mandatory prison terms. The judge must sentence a defendant to prison for at least a minimum term.

Post-Conviction Motions

Defendants who are convicted of crimes may appeal their cases to the Appellate Division of the Superior Court, which reviews trial records and decides if decisions made by judges in the Superior Court are fair and equitable. Defendants may file motions or requests to their sentencing judge to have sentences modified or for other relief.

Teams in Criminal Division Case Processing

Criminal Division offices are organized into "teams." There are individual judge teams, where each criminal judge is assigned a team leader with a team of clerical staff, a court clerk, a group of probation officers, and investigators, all of whom perform the work on the cases to be heard by the team's trial judge. Each team conducts calendar management and scheduling of all court events for that particular judge. The team also completes pretrial intervention reports and presentence investigation reports for the judge and provides courtroom support and computer data entry, manages active court files and records, and coordinates court dates with prosecutors and public defenders, who also are assigned to the judge. Team members work in unison and one member can generally perform the work of other members within that team. Their familiarity with each other's work and their judge improves efficiency and the overall case flow.